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La Ley 15/2005 de 8 de julio por la que se modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio supuso un claro avance en materia de derecho de de familia. No obstante, ha sido una verdadera lástima que no se haya aprovechado este texto para corregir otros errores y mejorar otras normas relacionadas directamente con las rupturas de pareja, las cuales no han sido objeto de reforma alguna.
Se vendió mucho en su día, el ahorro que esta ley iba a suponer para las personas que quisieran divorciarse, al no tener que pagar un proceso de separación previa, pero sin embargo se dejó en el tintero un tema tan importante y tan espinoso como el de la vivienda familiar, cuestión esta que verdaderamente afecta de forma determinante al bolsillo de todos los españoles tal y como reflejan las estadísticas recientes.
El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha advertido a las familias que su gasto no podrá apoyarse por mucho tiempo en un crecimiento de la deuda a tasas como las actuales, y que el endeudamiento de las familias se acerca ya 110% de su renta disponible, correspondiendo más del 70% de esa deuda a créditos hipotecarios.
Este endeudamiento para la adquisición de vivienda se mantiene al alza como se desprenden de los últimos datos publicados. Así, la deuda de las familias por compra de vivienda registró en los seis primeros meses del año un nuevo récord y, después de haber completado más de un año con niveles superiores a los 600.000 millones de euros, se acerca a la barrera de los 700.000 millones. El resultado es que la deuda hipotecaria de los hogares es más del doble que la contabilizada en 2003, cuando se situó en 300.000 millones de euros.
Es una realidad que actualmente el precio de la vivienda en España es muy alto respecto al salario medio, lo que provoca que el precio de la vivienda sea una de las principales preocupaciones para los españoles, tal y como ha quedado reflejado en numerosas encuestas.
Después de estos escalofriantes datos, una se pone a pensar que en estos tiempos que corren nos vendría muy bien en los juzgados de familia un rey Salomón, que fuera capaz de solventar el grave problema que se produce en los casos de divorcio, cuando sólo hay una vivienda cuyo préstamos hipotecario se lleva prácticamente todo el salario, y además el Juez tiene que concretar una cantidad para abono de alimentos o incluso pensión compensatoria.
En estos casos ¿ quien se queda con la casa?¿quien se va a ver privado del uso del bien que ha supuesto la mayor inversión de su vida?¿por cuanto tiempo?
La nueva Ley establece deforma imperativa y sin permitir excepciones, al igual que lo hacía la anterior regulación, que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge que queda con ellos.
¿No podría el legislador haber propiciado una amplia discrecionalidad judicial, fijando una serie de elementos a tener en cuenta, para la atribución de su uso?¿No podría haber propiciado otras posibles soluciones?, soluciones que, dada la importancia y carestía de la vivienda, así como la incidencia en toda la economía familiar de su coste, mantenimiento y posibles cargas, pueden hacer menos gravoso el futuro para toda la unidad familiar quebrada.
El Legislador podría haberlo hecho, pero no ha sido así; ha preferido evitar complicaciones, ir a lo cómodo, y para mí, eso es tremendamente criticable. Porque al final el problema está en la calle, en las familias, es el justiciable el que paga la ineficacia del legislador y se ve inmerso en una situación conflictiva que irremediablemente le lleva a situaciones a veces dramáticas.
Después de todo lo dicho en relación al problema de la vivienda, está claro que a veces el divorcio sale muy caro cuando sólo hay una casa familiar, y es verdad que no está al alcance de todos, pero no como consecuencia de los honorarios de los profesionales, sino por no poder soportarlo la economía de un español de a pié. ¿ Quien es propietario de dos casas?¿quien puede soportar el pago de una hipoteca y además un alquiler?
Visto el panorama, no me queda más que terminar con una frase de W. Cobbet “la verdadera independencia estriba en las tres palabras siguientes: vivir con poco”.
Es lo que a veces le queda a quien pretende romper su matrimonio y obtener la ansiada “libertad”, una libertad quizás personal, pero no económica, porque siempre quedarán unidos por la hipoteca.
(*) Socia-responsable de Zarraluqui Abogados de Familia.
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